Ley Pena de Muerte en Colombia para funcionarios públicos corruptos.
Al observar el nivel de corrupción que existe en este mundo, regido por comportamientos y decisiones psicopáticas, surge la idea de establecer condenas, reclamos, auditorías y rendición de cuentas para los sistemas que rigen el tóxico entorno social actual. Hasta el día de hoy, las razones, situaciones, causas y evidencias demuestran que este sistema, al que hemos estado sometidos por tanto tiempo, ya no sirve a los seres que habitan tanto el sistema social como el solar.
Es demencial que un país que no permite la pena de muerte sea tan hipócrita como para permitir guerras bajo el pretexto de la paz, así como la miseria social y la injusticia. En Colombia, la propuesta de pena de muerte para funcionarios públicos corruptos necesita ser aprobada por mayoría en el Congreso. Esta ley sugiere autorizar la pena de muerte para aquellos funcionarios que, una vez elegidos, se convierten en enemigos de Colombia.
El 99% de los funcionarios públicos que forman parte del sistema tóxico social han demostrado ser corruptos. La propuesta abarca a todos los funcionarios, tanto actuales como anteriores, quienes deberán rendir cuentas por sus actos una vez que la ley sea aprobada. Los puntos de esta ley incluyen la creación de prontuarios para los funcionarios públicos que están siendo o deben ser investigados por corrupción.
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En Colombia, el Artículo 11 de la Constitución de 1991 declara que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe la pena de muerte. Paradójicamente, este principio es esgrimido por funcionarios públicos que, a puertas cerradas, cometen crímenes que desangran al país: homicidios, secuestros, masacres, conspiraciones delictivas, saqueos al erario, desfalcos, y guerras financiadas por intereses oscuros. ¿Cómo se justifica que esta norma proteja a quienes han hecho de la ley una herramienta de impunidad?
No podemos seguir tolerando que los servidores públicos corruptos se escuden en la ley mientras la violan impunemente. Que les quede claro: *no están por encima del pueblo, ni del sentido de justicia que este exige con urgencia*. Si las leyes existen para garantizar la convivencia, también deben servir para castigar con severidad a quienes las pisotean desde el poder.
Los políticos no son semidioses ni figuras intocables: son empleados del pueblo, elegidos por votación. Y como cualquier trabajador, si no cumplen su función, deben ser despedidos y sancionados con todo el peso de la ley. Nuestra paz, nuestra dignidad y nuestra convivencia dependen de su integridad. Por eso, quienes aspiren a cargos públicos deben saber que, en caso de corrupción o violación a los derechos humanos, enfrentarán consecuencias reales: cárcel efectiva, trabajos forzados o incluso la pena de muerte. ¡Cero privilegios! ¡Cero casa por cárcel! ¡Cero condescendencia! La Constitución actual prohíbe la pena de muerte en su Artículo 11, pero también establece en su Artículo 3 que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”. Si el pueblo colombiano, como fuente legítima del poder constituyente, exige una reforma constitucional que permita castigar con pena capital a quienes han traicionado la nación desde los cargos públicos, ese reclamo es jurídicamente válido y debe ser escuchado. Además, tratados internacionales y leyes anticorrupción como la Ley 1474 de 2011 han sido completamente ineficaces para protegernos. Es momento de una reforma estructural, contundente, nacida desde la indignación ciudadana.
Este proyecto viene gestándose desde el año 2020. Y no vamos a detenernos. No reconocemos leyes impuestas por quienes las manipulan para someter, dividir y dominar. Esta campaña trasciende el entendimiento de un sistema decadente que se autoproclama justo mientras protege a criminales de cuello blanco. Si quienes crean y aplican las leyes son los primeros en burlarlas, ¿por qué habríamos de obedecerlos? Su poder sobre nosotros ha caducado.
¡Exigimos ya una reforma legal que implemente la pena de muerte para políticos corruptos! Hacemos un llamado a todos los colombianos conscientes para levantar la voz y exigir la expulsión inmediata de estos criminales institucionales: corruptos, paramilitares y sicarios de guante blanco. Quienes traicionan al pueblo no merecen clemencia ni puestos públicos. Exigimos su renuncia, su inhabilitación y su juicio. Basta de sumisión frente a su ignorancia, su podredumbre y su desprecio por la vida digna.
¡Es urgente implementar una reforma de ley para aplicar la pena de muerte a políticos corruptos! Hago un llamado a todos los colombianos para exigir la destitución de estos corruptos, paramilitares y sicarios de guante blanco, y para instaurar una ley que imponga la pena capital a aquellos funcionarios públicos que incumplan con sus responsabilidades y violen los derechos humanos fundamentales del pueblo. Estos individuos no sirven a la sociedad y no podemos seguir sometidos a su ignorancia y degeneración.
Es necesario exigir la renuncia y la anulación política de aquellos que han sido investigados o denunciados por corrupción. Si la ley es aprobada, debe aplicarse sin excepción a quienes han traicionado a la ciudadanía.
ALVARO URIBE VELEZ, IVAN DUQUE MARQUEZ, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CLAUDIA LOPEZ, ALBERTO CARRASQUILLA, MARIA FERNANDA CABAL, CADA INTEGRANTE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, ETC….
LA LISTA ES LARGA…
Eliminación de la corrupción dentro de la policía nacional de Colombia “Comunidad del anillo”
Eliminación del centro democrático
Investigación a cada magistrado.
Diccionario: Cartel