Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986, lo que lo convierte en un hombre de 39 años. Es del signo zodiacal Acuario. Su madre, Diana Turbay, fue periodista y tristemente fue secuestrada y falleció durante un intento de rescate fallido en 1991, a manos del Cartel de Medellín. Su padre, Miguel Uribe Londoño, es un exconsejal de Bogotá. Además, es nieto de Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. En su vida personal, está casado con María Claudia Tarazona, pero no se ha reportado públicamente si tiene hijos o hermanos de relevancia. La información sobre otros miembros de su familia también es limitada.
Acusaciones principales
No se registran escándalos judiciales personales. Su familia —con vínculos al terrorismo narco en el pasado— ha sido objeto de señalamientos genéricos (actividad de su madre, implicaciones en el Cartel de Medellín), pero él no ha sido acusado personalmente de nada relevante .
EL ATENTADO
El 7 de junio de 2025, durante un mitin político en un parque del barrio Fontibón, Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros. Recibió al menos dos disparos, uno en la cabeza y otro en la pierna, lo que lo dejó gravemente herido. Fue trasladado en estado crítico primero al Centro Médico Engativá y luego a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a una cirugía neurovascular.
En cuanto a los responsables, el autor material del atentado fue un joven de entre 14 y 15 años, quien fue detenido en el lugar. El arma utilizada, una Glock 9 mm, aparentemente fue comprada de manera legal en Arizona en 2020. Por otro lado, la Fiscalía investiga a una red criminal que podría haber organizado el ataque, analizando más de 1,000 videos y siguiendo diversas líneas de sospecha relacionadas con violencia política.
A pesar de que Uribe Turbay tenía un esquema de seguridad catalogado como de “riesgo extraordinario” desde 2023, el día del atentado se redujo inexplicablemente de siete a tres escoltas. La familia del afectado ha denunciado una omisión por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que ha originado investigaciones por posibles negligencias en la seguridad.
CONCLUSIÓN
Miguel Uribe Turbay y su partido, el Centro Democrático, promueven el porte legal de armas como parte de su plataforma de campaña, presentándolo como una solución urgente a la inseguridad. Sin embargo, este atentado muestra que incluso con un esquema de protección formal, la seguridad puede fallar estrepitosamente. Esto evidencia que no basta con armar a la ciudadanía: si se quiere un sistema de seguridad confiable, es indispensable fortalecer las instituciones responsables, no solo fomentar el armado privado.
La tragedia reciente subraya de manera rotunda que la solución a la violencia no está en incentivos individuales como la libre compra de armas, sino en la construcción de sistemas estructurales y efectivos que garanticen una seguridad real, más allá de medidas superficiales. Estos sistemas, que deberían ser integrales y sostenibles, brillan por su ausencia no solo en Colombia, sino también en muchas regiones del mundo, donde la falta de prevención y justicia crea un terreno fértil para el crecimiento de la violencia. La clave está en replantear cómo enfrentamos este problema de forma colectiva, sin agendas políticas que priorizan el lucro —como la industria armamentista— por encima del bienestar humano, y avanzar hacia una solución verdaderamente soberana.